Entre corruptos y canallas

Más vale tarde que nunca, dice uno de los refranes del rico refranero español. Esto podría aplicarse en todos y cada uno de los casos de corrupción que se vienen conociendo, porque nunca ha habido nadie del partido implicado (en la mayoría de los casos, el PP) que haya visto nada raro ni haya formulado ninguna denuncia. Sí ha habido funcionarios y trabajadores de las empresas implicadas que lo han hecho pero, por cómo les ha ido después de su denuncia, es un aviso a navegantes que puede entenderse como que, si denuncias, te quedas sin trabajo, en la ruina y querellado por los corruptos poderosos. A esos, a los denunciantes parecía ir dirigida la frase “el que lo hace, lo paga” que ha dicho Rajoy en relación con el ‘caso “Lezo’ más que a los corruptos y sus cómplices.

Entre mayo y junio de 2007 se iniciaron investigaciones que culminaron con LAS diligencias número 6480/09, trasladadas al juzgado de instrucción número 11, en base a informaciones que se recibían en la Policía sobre una presunta corrupción urbanística en Colmenar de Oreja.

Un año después se inició otra investigación en Algete (que consta en el sumario Gürtel), en el que terminó imputado el alcalde y varios responsables municipales, todos vinculados al PP, y en Colmenar de Oreja la alcaldesa, igualmente vinculada al PP, a pesar de haber obtenido mayoría absoluta, de manera súbita, solicitó la baja de la vida política al conocer que se estaba investigando su repentino enriquecimiento patrimonial.

La base de la investigación en Colmenar, donde se llegó incluso a estar autorizadas por orden judicial intervenciones de teléfonos, era una irregular recalificación de unos terrenos propiedad de MARTINSA, donde se denunció la intervención directa del Sr. Ignacio González para que favoreciera los intereses de dicha constructora. En el transcurso de las investigaciones se detectaron las negociaciones de un tal J. C. M., para que tal cambio de ordenanza urbanística se produjera, quien en nombre de la constructora pactó presuntamente la entrega de dinero a los políticos implicados.

En las intervenciones telefónicas se habló de una serie de pagos por importe de 30.000 de repercusión por metro (pueden ser pts.) y los pagos se hacían a colaboradores directos del Sr. González, que recibían el dinero en efectivo en bolsas de plástico, entregadas la mayoría de las veces en el Hotel Eurobuilding de Madrid. En el Sumario aparecía una sociedad llamada PRESTON CHID y como “conseguidores” del Sr. Gónzalez, entre otros, un tal Á. C., realizándose movimientos de capitales a través del Barclais Bank. También se conoció a través de las intervenciones telefónicas que parte del efectivo que se recibía era guardado en una caja de seguridad del BSCH.

Sobreseimiento del caso, pese a la investigación de la UDEF

A pesar de todo este cúmulo de datos aportados al Sumario por parte de la UDEF, que fue la Unidad policial que realizó la investigación a instancias judiciales, el Sumario se sobreseyó el 05.05.2010 de manera muy sorprendente, sin explicación alguna a los responsables policiales que estaban realizando el trabajo en cuestión. Antes de dicho sobreseimiento, hubo una serie de cambios de los titulares de dicho Juzgado, hasta que finalmente un juez sustituto, que recibía su salario directamente de la Comunidad de Madrid, fue quien tomó la decisión en tal sentido sin practicar ni una sola diligencia.

Por tal motivo, al sentirse desautorizados, responsables policiales y algunos miembros de UDEF decidieron no continuar con las pesquisas de una nueva línea de investigación del Sumario Gürtel que, al parecer, señalaban otro soborno que el Sr. González habría recibido de un empresario en forma de vivienda unifamiliar en la zona denominada La Pleta del Rey. en la población de Baqueira Beret.

Además, dicha vivienda a nombre de una empresa internacional con otras ramificaciones, fue puesta a la venta de manera urgente coincidiendo con la apertura del Sumario en Estepona sobre el ático de referencia. Según dos inspectores de UDEF, únicamente cuando se trataba de investigaciones sobre los Pujol encontraban tantas reticencias en el poder judicial para actuar.

La política y los corruptos

El PP y las instituciones han sido un castillo amurallado cuando alguien denunciaba corrupción. Justo es decir que estando el PSOE en las institucione el PP presta atención y trata de desmontar dichas prácticas cuando se denuncian, pero cuando el PP está en el Gobierno, el PSOE es bastante más tímido en su actuación.

Para saber cómo trabajan los corruptos en el poder basta conocer el trato que recibió una empleada del Canal, Araceli Blanco, militante del PP, que en diciembre de 2008 remitió una carta a Ignacio González contando prácticas corruptas que habían llegado a su conocimiento por error o casualidad, que afectaba a directivos de esa empresa en la que llevaba 21años trabajando.

Solo por eso Ignacio González merecería la cárcel de por vida, porque esto fue un crimen contra una trabajadora decente que no era consciente del poder de la mafia corrupta a la que se enfrentaba y que podía haber tomado el camino de la depresión y el suicidio, como ha ocurrido en otras ocasiones ante injusticias revestidas de legalidad.

Un error hizo caer en sus manos un documento acreditativo de que tres cargos del Canal estaban desviando fondos a una gran constructora, que podría ser una excusa para repartirse ellos el dinero, y decidió contarlo a Ignacio González. La carta la entregó en mano a José de la Uz, hoy alcalde de Las Rozas, su jefe de Gabinete entonces, y nunca tuvo respuesta. En cambio, comenzó a tener problemas de desconfianza en el trabajo, de ser relegada de las que habían venido siendo sus funciones (es geóloga de carrera), por lo que comete un segundo error, escribir otra carta a finales del año 2009 lamentando que se apoyara a los corruptos y se le hiciera la vida imposible a ella.

El acoso y aislamiento de sus mandos, las hienas al servicio del capo del Canal (Ignacio González) provocaron, tras varios partes falsos contra ella, su baja por ansiedad, y a finales de 2010, el despido, que recurrió y no obtuvo apoyo de los jueces. Ella siguió en su lucha y denunciando lo que había visto y tenía pruebas y recibió una querella en la que le pedían varios años de cárcel y 40.000 euros de multa.

La denunciante decente presentó el escrito de prueba ante la fiscalía y la Policía pero el asunto, por casualidad (¿o no?) recayó en el juzgado de Instrucción número 11 (sí, el mismo) donde se procedió al archivo.

Los poderosos pasan al ataque

Como Araceli, otras muchas personas sufrieron durante años el ataque de corruptos poderosos sin escrúpulos, que parecían contar con el apoyo desde las instituciones al menos del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y del director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Cesaron al comisario de Marbella, pretendieron expedientar a los policías que investigaban amenazándoles desde el Senado y en medios de comunicación, Cosidó pretendió obtener toda la información del comisario de la DAO Villarejo, y cesó al comisario general de Policía Judicial, Rodríguez Ulla, diez días después de tener conocimiento de que había abierto una investigación sobre el ático tras recibir una carta remitida por mí.

Ignacio González estaba protegido por el PP, empezando por Esperanza Aguirre y por los miembros del aparato en Génova, en especial por Juan Carlos Vera, que como ha quedado acreditado, recibió ya en 2011 la denuncia de un aspirante a alcalde de Leganés, Jesús Gómez, de la cuenta en Suiza de Ignacio González.

En abril de 2012 celebré una comida con Cosidó a instancia suya, con una tercera persona, político del PP cuyo nombre no viene al caso, en el que el entonces director general de la Policía dijo que había que dejar de hacer política y hacer sindicalismo. Mi respuesta fue que defender a los policías a los que él y el ministro amenazaban con expediente era la razón de la existencia del sindicato, y si además pretendían proteger a un compañero de partido que a la vista del nivel de vida parece un corrupto, siendo un sindicato de policías  nada más justificado que denunciar los hechos.

Después vino el escrito a la fiscalía (24 de abril), el rechazo de la misma -10 de mayo- alegando que había indicios para que siguiéramos investigando nosotros (un sindicato, sin capacidad para hacerlo) pero no ellos, nuevos escritos al fiscal general del Estado, grupos parlamentarios de Andalucía, presidente de la Comisión de Interior del Congreso, UDEF, Comisario General de Policía Judicial y Agencia Tributaria, y ante el silencio cómplice de todos (menos del comisario general Rodríguez Ulla, que por eso fue cesado), decidimos presentar la denuncia en octubre de 2012. Y ahí sigue. Infinidad de errores en comisiones rogatorias que han impedido avanzar en la investigación, y lo último que sabemos, una reunión el pasado día 26 de abril del fiscal Moix con el fiscal jefe anticorrupción de Granada que lleva el caso.

De amigo a enemigo

Cualquier ciudadano pensará que un policía que denuncia un caso de corrupción merece ser apoyado por el director general de la Policía. Nadie entendería que por denunciarlo sea objeto de múltiples ataques y expedientes, que es lo que pasó tras la denuncia por el ático, porque amenazaron con expedientar a los policías que cumplían órdenes e investigaban legalmente.

Mi relación con Cosidó era muy buena cuando estaba en la oposición. Me llamó por teléfono para decirme a quienes nombraba en la Junta de Gobierno y recuerdo que le dije que se equivocaba con Eugenio Pino, con José Santiago Sánchez Aparicio, y que me extrañaba no ver en la lista a Martín-Blas, que yo sabía era de los que, con los anteriores y Jaime Barrado, le habían estado informando continuamente de la situación, además de a otros como José Losada o Abeledo, y le dije que tenía la mejor opinión de Rodríguez Ulla, de Pedro Polo, Villabona o Enrique Barón, entre otros.

Tras mi negativa a retirar la denuncia del ático el enfrentamiento fue permanente. Recibí algunas querellas de mandos afines a él, creo que para hacer méritos (a uno lo ascendió y al otro lo visitó cuando denunciamos que en su plantilla se vulneraban derechos de la ciudadanía por miembros de la UPR local) y por si quedaba alguna duda, cuatro expedientes disciplinarios (uno aún sin cerrar), lo que lo convierte en cómplice del intento de frenar a cualquier precio la denuncia contra Ignacio González.

Con todo, lo peor, lo que me ha hecho conocer las profundas simas inalcanzables en las que puede residir la condición humana ha sido la posición del SUP, poniéndose de parte de los que presionaban para retirar la denuncia (ya se retiraron como acusación popular, pero afortunadamente la Plataforma de Afectados de Telemadrid decidió continuar), y además renegando de actuaciones del pasado que han supuesto querellas y fianzas cuantiosas por denuncias de los mandos citados, abandonando a quienes entonces dirigían la organización en un comportamiento éticamente incalificable. Hasta en la guerra hay leyes y quienes no las cumplen deben responder por ello.

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