La caída de los ‘dioses’ (II): Ignacio González, en prisión

El pasado 21 de abril, las puertas de Madrid V, la prisión madrileña de Soto del Real, se abrieron para dar paso al furgón que trasladaba desde la Audiencia Nacional a los hermanos González González, Jaime Ignacio (57 años) y Pablo (53 años) por orden del juez Eloy Velasco. Previamente, el furgón de la Guardia Civil hizo una parada en la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, en cuyos calabozos habían pasado las dos noches anteriores, mientras declaraban ante el instructor de la causa derivada de la Operación Lezo y el juez decidía las medidas cautelares. ExtraConfidencial obtuvo detalles minuciosos de su vida en los dos meses largos que lleva en prisión.

El juez Velasco acusó al expresidente de la Comunidad de Madrid de haber desviado al PP un millón de euros de la empresa pública de informática de la Comunidad, de haber cobrado una comisión de 1,4 millones de euros de la constructora OHL por la adjudicación del tren de Navalcarnero y haber realizado la compra de la empresa brasileña Emissão que supuso una pérdida de 23,3 millones de euros de dinero público; el juez también citó la emisión de facturas falsas y tráfico de importantes cantidades de dinero en efectivo de origen desconocido.

Todo ello fundamentaba para Velasco indicios suficientes para atribuir a González los delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude. Y en virtud de tales acusaciones, decretar prisión incondicional comunicada para Ignacio González, prisión eludible mediante fianza de cuatro millones de euros para Pablo González y prisión sin fianza comunicada para Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa y hombre fuerte de González en Latinoamérica; además de otras medidas cautelares menores para otros implicados en la trama.

Ese viernes 21 de abril, había hecho una temperatura primaveral en Madrid, en torno a 22º, pero a la 1,30 de la madrugada del sábado iba bajando a los 6º que registraría la noche. Un Ignacio González cabizbajo, destemplado, con las manos esposadas por delante, ingresaba en el penal de Soto del Real, en compañía de su hermano Pablo.

La negativa del juez Velasco de imponerle una fianza, como había solicitado su defensa y como había accedido en el caso de su hermano Pablo –aunque fuera tan abultada como cuatro millones de euros–, le auguraba una temporada por delante privado de libertad. Quizás esta convicción le aconsejó adoptar una actitud que las fuentes de ExtraConfidencial han calificado de “extremadamente educada y atenta”, muy distinta, comparan, a la altanería que exhibían otros presos de campanillas, Luis Bárcenas o Gerardo Díaz Ferrán.

“El Chino”, como lo apodaban sus enemigos en el PP y el gobierno de la Comunidad de Madrid, así como su hermano y Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa y hombre fuerte de González en Latinoamérica, entraron en Soto “asustados” y pasaron el protocolo de ingreso: filiación, toma de huellas dactilares de ambas manos y dos fotografías: una de frente, destinada al carnet NIS (Número de Identificación Sistemática), el DNI penitenciario que sustituye al oficial, y otra de perfil para los archivos.

Tras un cacheo personal –cuya intensidad depende de la personalidad del preso–, se hizo recuento de sus pertenencias y se le cambió la vestimenta personal –que pasó a limpieza y se le devolvió al día siguiente– por un mono blanco provisional y camiseta, calzoncillos y calcetines también blancos. El trámite finalizó con la entrega de los elementos necesarios para su vida en prisión: juego de sábanas y manta, bolsa con artículos de higiene personal (cepillo y pasta de dientes, papel higiénico, peine, esponja, gel y maquinillas desechables de afeitar), juego de cubiertos y vaso de plástico y tarjeta-monedero de peculio. También se le proporcionó el folleto explicativo del reglamento imperante en Madrid V.

El fin de semana del 21 al 23 de abril lo pasó en las celdas del módulo de ingresos, desde el que se le permitieron realizar varias llamadas a su familia. Se sucedieron las entrevistas con el médico, el psicólogo, el educador y el trabajador social para su evaluación. Se descartó aplicarle el PPS (Plan de Prevención de Suicidios) y se le asignó a su hermano Pablo como compañero de celda.

La instrucción del PPS llama la atención específicamente sobre los ingresados por delitos de corrupción y los llamados “de cuello blanco” por el “abatimiento que la reducción a un género de vida penitenciario produce en personas que han cometido delitos de carácter económico y ven esfumarse un prototipo de realidad económica largamente soñado y al que han dedicado muchos años de vida”, es decir, por la depresión producida en quienes, habiendo disfrutado de un poder notable y una situación económica envidiable, se ven reducidos a un número NIS y una tarjeta de peculio en la que sus familiares podrán ingresarle un máximo de 80 euros semanales. No obstante, el buen ánimo de Ignacio González y la compañía de su hermano Pablo hicieron descartar la aplicación del PPS.

Destinado al Módulo 1, dispuesto para personas de cierta edad y escasa o nula conflictividad, Ignacio González ocupó la cama inferior de la litera de la celda asignada. En cuanto les fue posible, los hermanos González adquirieron en el economato central del penal un televisor Phillips de 22 pulgadas, con la carcasa trasera transparente y sellada herméticamente, por 189’82 euros, así como una pequeña radio con auriculares por 24’95 euros.

La petición de estas compras se resolvió con una rapidez poco habitual, en un par de días cuando lo habitual suele ser de una a dos semanas, pues los funcionarios, según las fuentes de ExtraConfidencial, se muestran “solícitos” con los hermanos González, respondiendo así al exquisito trato que emplean ambos y suelen acompañarlos cuando piden ir al polideportivo o al economato. Los productos que los hermanos adquieren mayormente en el economato del módulo son bocadillos y latas de refrescos, de limón y de cerveza sin alcohol, además de café, que compran después de las comidas.

Como el resto de internos, Ignacio González dispone de una tarjeta de Telefónica de 5 euros con la que puede realizar un máximo de cinco llamadas de cinco minutos a la semana, a un máximo de diez números de teléfono previamente comunicados.

Los presos pueden solicitar el desempeño de funciones, denominadas ‘destinos’, en prisión. Por el momento, Ignacio González no ha solicitado ninguno y emplea su tiempo en jugar a la petanca y al squash y hacer bicicleta estática en el gimnasio, así como pasear por el patio, donde, aunque distante con el resto de internos, atiende con amabilidad a todo el que se le acerca a charlar con él e incluso atiende a las peticiones que le hacen de pagarles un refresco o prestarles la tarjeta telefónica. Los domingos asiste a la celebración de la misa, como solicitó previamente según exige el reglamento del penal.

Una vez por semana es visitado en el locutorio por su familia, con la que se comunica, con un máximo de cuatro personas, por teléfono y con cristal por medio. También tiene derecho a ser visitado por un máximo de diez amigos, cuyos nombres han de ser comunicados previamente. Dos veces al mes puede recibir paquetes, en los que les ha llegado ropa, zapatos y zapatillas, periódicos, libros, tuppers y otros elementos de cocina transparentes y de plástico. Ha hecho uso de su derecho a una visita mensual ‘vis a vis’ íntimo, que se desarrolla en una habitación sin vigilancia amueblada con una cama de medidas queen y un baño.

Ignacio González no ha solicitado visitar al psicólogo, pese a que el pasado mayo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó la excarcelación, así como la de su hermano y la de Rodríguez Sobrino, en base a que es “materialmente imposible” fugarse, ya que no dispone de medios por tener embargados sus bienes y tener un “arraigo notorio” en España donde reside su familia, cuya hija mayor “va a celebrar su boda en pocos meses”.

El recuso se formuló directamente en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; eludiendo de esta forma el trámite del recurso de reforma ante el instructor del caso, el juez Velasco, por considerarlo perdido de antemano.

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