La “limpieza” en Interior

Han sido relevados los responsables políticos de lo que ocurría, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, como máximo responsable, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, como responsable político directo de la Policía. Se han jubilado el DAO, Eugenio Pino; el agente encubierto comisario José Manuel Villarejo, y el comisario Jaime Barrado, y se jubila en abril próximo Marcelino Martín-Blas Aranda, jefe de la Unidad de Asuntos Internos hasta su cese en abril de 2015. Ha sido disuelta la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, BARC, de la Unidad de Asuntos Internos, y con ello la jefa de la brigada, Nuria Mazo, pasa a otros cometidos (adjunta al secretario de Estado, con casi 1.000 €/mes más que antes).

Ya ha comenzado y veremos cuándo y sobre todo, cómo acaba.

Suenan más nombres de futuros cesados: el comisario Agorreta, de la Comisaría General de Extranjería; el jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán, o su antecesor en la UDEF y hoy jefe superior de Policía en Galicia, Manuel Vázquez López, quien habría trasladado a jueces y fiscales el engendro conocido como informe PISA (Pablo Iglesias SA).

Además, se señalan otros nombres como participantes en las prácticas que ahora se deploran y que habría alentado el ministro de Interior, como Bonifacio Díaz o José Ángel Fuentes Gago, que en cualquier caso ya no ocupan los puestos en el organigrama policial en los que se les señala como autores de ciertas prácticas.

Bienvenido el cambio de ministro y, con él, los nuevos aires al Ministerio de Interior, pero ya se atisba que va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido siempre: aquellos que cumplieron órdenes (entre ellas posiblemente algunas indebidas o directamente ilegales) serán decapitados en la plaza pública y quemados en la hoguera, mientras los responsables políticos están cómodamente ubicados presidiendo comisiones del Congreso sin ningún reproche por su responsabilidad, o presidiendo el Gobierno como si no tuviera responsabilidad alguna en lo ocurrido.

Los ‘servicios’ a la Corona

Muchos policías españoles recuerdan la muerte de tres miembros del IRA en Gibraltar, el 6 de marzo de 1988, por agentes especiales británicos que dispararon a corta distancia, y el famoso “yo disparé” de Margaret Thatcher. En España el político que manda “disparar” a un policía luego lo acusa para meterlo en la cárcel y quedar como el bueno de la película. Así lo vimos en el caso Faisán, en el 11-M, y volvemos a verlo ahora en la “limpieza” de Interior.

Los tres miembros del IRA habían sido controlados por la policía española desde que entraron por Francia en un coche, que fue registrado, como la habitación de su hotel, y se pasó informe al servicio británico de que iban desarmados, pero alguien decidió que debían morir al margen de la ley y la máxima responsable política asumió la responsabilidad por lo que no puede considerarse más que como un crimen, no aplicando la hipocresía e impostura que invaden el comportamiento de nuestros políticos.

El policía que cumple una orden ilegal incurre en responsabilidad y debe pagar por ello, pero el político que imparte la orden también es responsable y debe asumir esa responsabilidad.

Acabar con la policía política

Que se han hecho muchas cosas mal y que la policía política no puede existir en un estado democrático y de derecho no admite discusión. Que se aproveche esa situación para pasar factura de viejos rencores profesionales, o ajustar cuentas por el servicio secreto del Estado que precisa una reconversión urgente, porque un policía ha descubierto que han “perdido” cuatro millones de dólares en el rescate de dos periodistas secuestrados sólo puede pasar en un país como el nuestro.

Si Villarejo hubiese prestado a la Corona británica la mitad de servicios que a la española nadie osaría pretender hundirlo, condenarlo o encarcelarlo a él, su esposa y algún hijo, como se ha pretendido aquí, con pruebas tan evidentes como tener acreditado que una agente del servicio secreto español es grabada tratando de convencer a un ciudadano chino para que declarara en determinado sentido en la investigación del conocido como caso “Emperador” o “Gao Ping”, donde seis policías han sido acusados por el fiscal Grinda y resultado absueltos, y un hijo de Villarejo fue incluido en el sumario por Martín-Blas.

Lo mismo se puede decir del comisario principal Enrique García Castaño, el hombre con más experiencia en la lucha contra el terrorismo, ajeno a las prácticas que se conocen como “policía política”, y que ha sido cesado en un momento de alerta cuatro antiterrorista despreciando su trayectoria y sus servicios al país, que han salvado muchas vidas impidiendo numerosos atentados.

Si en vez de en España el comisario principal conocido con el apodo de “El Gordo” hubiese servido a la Corona británica seria caballero de honor y la propia Reina impediría que nadie pretendiera humillarlo trasladándolo a una comisaría zonal. Este es el mayor error hasta la fecha cometido por el ministro de Interior.

Las filtraciones en Interior

Y a fecha de hoy resulta que el que parece ser principal responsable policial de las prácticas de “policía política” y de las filtraciones, Marcelino Martín-Blas, está destinado al servicio del juez de instrucción nº 2 de Madrid, con algún otro funcionario, y fue adscrito allí a petición del juez por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

Ese comisario fue cesado en abril de 2015 en la Unidad de Asuntos Internos tras conocerse un informe falso que acusaba al comisario Villarejo de haber acudido a una reunión confundiéndole con otra persona, aunque el informe dedicaba varias páginas a tratar de demostrar que era verdad lo que era falso. A pesar de ello el juez decide mantenerlo en la investigación de un caso en el que el comisario Martín-Blas es víctima e investigador, el de la grabación de sus conversaciones con miembros del CNI que actúan tanto en el caso Gao Ping como en el del “pequeño Nicolás” sin que a nadie se le ocurra que no tienen competencias para ello.

Está bien esto de limpiar Interior, es necesario, pero no hay que equivocarse y provocar más daño del que se pretende reparar. Y además de las prácticas de unos pocos malos profesionales, hay otros asuntos que afectan a la seguridad y los derechos de la ciudadanía que deben ser prioritarios, y entre ellos está, en primer lugar, garantizar la eficacia y el tiempo de respuesta a las llamadas de urgencia que se producen al 091 y que no queden miles de ellas sin atender cada mes; acabar con la vulneración de derechos civiles que suponen las identificaciones masivas e indiscriminadas, y actuar en serio, no con propaganda sino en la práctica, contra la violencia de género, desarrollando la ley y adaptando la estructura policial y del Gobierno a ese fenómeno para combatirlo con más eficacia.

Y hay otras cosas que hacer; por ejemplo, acabar con el discurso fascista y de odio que se encuentra en las redes sociales en grupos de miembros de las fuerzas de seguridad con insultos y descalificaciones a fuerzas políticas de izquierda (singularmente Podemos) impropias de una policía que conoce el Estado de derecho y los fundamentos de su trabajo en democracia.

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