La policía que quisimos (v): Las cloacas del pasado siguen discurriendo por el Estado

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El trabajo en la clandestinidad de policías demócratas que querían un movimiento sindical, una policía civil y un modelo policial de respeto a los derechos de la ciudadanía libró una gran batalla en Madrid. Por razones evidentes de capitalidad, número de efectivos destinados y por encontrarse las instancias del Estado y la Dirección General de la Policía en Madrid, “controlar” a los miembros del sindicato clandestino en esta ciudad era muy importante.

Políticos del PSOE y PCE, mandos militares de la Inspección General, sindicatos del extinto Cuerpo Superior (la policía civil que se unificó con la Policía Nacional en la ley 2/86 de fuerzas y cuerpos de seguridad en el Cuerpo Nacional de Policía, hibrido entre lo civil y lo militar) luchaban, unos, por apoyar lealmente, y otros, por conseguir más influencia sobre los policías demócratas que querían tener un sindicato y entre los cuales, como en todos los grupos humanos, también había quien iba pensando en su propio interés. El PP (entonces AP) quería que la Policía siguiera siendo militar y le bastaba con la afinidad de todos sus mandos, que tenía, como siguen teniéndola hoy de la mayoría de ellos.

Ya dijimos que en Madrid llegó a haber hasta tres grupos distintos que hablaban a la vez como legítimos representantes de un sindicato. Las cloacas del Estado estaban a pleno rendimiento sin solución de continuidad de su actividad en la dictadura (siguen ahora igual, tras 40 años de democracia, incluso más perfeccionadas), pero quienes fuimos afiliados y responsables del SUP, Sindicato Unificado de Policía (del que lo que hoy queda es una burda máscara), tuvimos pruebas del control que desde el primer momento se llevó a cabo sobre nosotros por los servicios de información de la Guardia Civil (esto también se hizo en Sevilla y otras ciudades españolas) y existen noticias de ello en los medios de comunicación.

En junio de 1983 los policías clandestinos en Madrid decidimos alquilar una oficina como base administrativa en la que poder trabajar. Se encargó de hacerlo Pablo Torras Garnacho, hoy inspector jefe y entonces oficial de Policía en la CRG de Logroño, que siendo policía había sido miembro del comité clandestino en Madrid en 1982, de donde fue trasladado a Logroño con motivo de su ascenso a Oficial. Alquiló el despacho nº 6 de la primera planta en la calle Cervantes 21, muy cerca del Congreso de los Diputados.

Unos meses después el diario El País publicó que la Policía investigaba si miembros del CESID (guardias civiles) tenían alquilado un local en la calle Cervantes 21, 2ª planta despacho 5, al ser ese edificio colindante con el de la vivienda del vicepresidente del Tribunal Constitucional, Jerónimo Arozamena, cuyos escoltas habían dado la alerta sobre movimientos de personas extrañas en la calle Cervantes 21.

Seguramente, además de los 3 guardias civiles que estaban allí para controlar al comité clandestino del SUP, también la entrada de algunos representantes del sindicato clandestino y una agencia matrimonial existente en el despacho 5 de la primera planta levantaron las sospechas.

Los guardias civiles no eran discretos, Carlos“, que ya era famoso por haber protagonizado actuaciones de dudosa legalidad en el pasado, tenía una nariz inconfundible, y además por su forma de comportarse supimos pronto que estábamos siendo seguidos aunque no sabíamos entonces que fueran guardias civiles y creíamos que eran compañeros policías, a pesar de que la zona elegida lo fue porque allí precisamente había gran concentración de policías de escoltas de las autoridades y del Congreso lo que nos permitiría, teóricamente, pasar más desapercibidos.

¿Por qué se encargó esa tarea a la Guardia Civil y no a miembros de la Brigada Político Social que seguían muy activos? No lo sé. Pero lo cierto es que los seguimientos al SUP clandestino en distintas provincias lo protagonizaron guardias civiles que se encargaban de perseguir a policías, a sus propios compañeros y a terroristas, especializados en seguimiento, pinchazos ilegales, etc. Estos mismos fueron los que detuvieron a los guardias civiles demócratas clandestinos del SUGC, que fue desmantelado (1986-1991) pero cuyo espíritu sigue vivo hoy en AUGC y plenamente vigente.

Algo parecido pasará en la Policía, donde el espíritu del SUP ha sido desmantelado por los sueldos, liberaciones, prebendas, canonjías y corporativismo, y pronto nacerá un nuevo sindicato que recoja esa bandera de exigencia de profesionalidad y respeto a los derechos humanos, civiles y de toda índole de la ciudadanía. Un nuevo sindicato que combatirá el corporativismo rancio, el militarismo, la imposición religiosa, bajo el prisma de que un policía puede ser bueno o malo con independencia de ser de derechas o izquierdas, monárquico o republicano, amante de la disciplina militar o de la policía civil, creyente o ateo, gay, lesbiana o heterosexual, combatiendo el cliché actual de que un buen policía debe ser monárquico, hetero, de derechas, promilitar y creyente impuesto por la corporación, y sobre todo, que no es buen policía quien no respeta escrupulosamente los derechos de la ciudadanía por muy bien que se dé golpes de pecho ante Dios y taconazos ante los mandos.

Volviendo a la sede clandestina sindical, lo que es evidente es que el Gobierno explicó a los partidos de la oposición que no se controlaba al vicepresidente del Constitucional, sino que estaban allí en razón de intereses de la seguridad nacional, sin más, pero nosotros siempre supimos que esos intereses eran saber quiénes eran y qué pretendían los policías demócratas que se reunían con partidos políticos de izquierda (desde la Liga Comunista Revolucionaria al PSOE pasando por el PCE) y otros partidos que querían profundizar la democracia, que debíamos estar controlados por ser un potencial peligro para la seguridad del Estado.

Han pasado 33 años y ahora estamos en el mismo sitio o quizás peor, porque ese mismo control parece que se está ejerciendo sobre un partido político legal. Hemos avanzado poco o nada en democracia en esta materia y por eso resulta necesario que una nueva fuerza sindical no contaminada debute en la Policía Nacional ante la demanda de muchos de sus miembros, que tienen sensación de orfandad en esa materia de defensa de una policía civil, profesional, no corporativa y respetuosa de los derechos de la gente.

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