Lo que no hablaron los partidos durante la campaña electoral: seguridad y derechos, dos caras de la misma moneda

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Viendo pasar el tiempo durante la campaña electoral. Foto: El Satiricón.

Durante la campaña electoral son muchas las cuestiones que no se abordaron por los distintos partidos políticos; entre ellas, la política de seguridad pública y la garantía de respeto a los derechos civiles de la ciudadanía. Ninguno de los cuatro grandes partidos que tienen capacidad de pactar y alcanzar el Gobierno ha dicho nada de los derechos civiles y de establecer un uso racional de la capacidad de la Policía para interferir en la vida de la gente, ni sobre fenómenos sociales como la prostitución o el uso de drogas, que podrían resolverse aplicando sentido común.

He aquí un resumen casi telegráfico de algunos de esos aspectos sociales que nadie parece querer abordar.

Identificaciones en la vía pública

Para que en esta materia fuésemos una democracia homologada con las de otros países debería justificarse la razón por la que se puede identificar a un ciudadano en la vía pública, como ocurre en otros países de nuestro entorno, donde la Policía debe justificarlo, debiendo exponer también la razón que motiva establecer controles policiales en una calle.

Esas justificaciones no se dan en España, donde se llevan a cabo “filtros” indiscriminados en cualquier lugar y en cualquier momento, que consisten en identificar a cualquier persona que pasa por allí, despreciando la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ley 1/92, antecedente de la actual “Ley Mordaza”, que dice que solo se puede identificar a una persona cuando resulte sospechosa, con indicios racionales, de que ha cometido un delito o de que puede cometerlo.

Aquí todos somos sospechosos y esa ley no se cumple porque la operativa policial exige a los policías que justifiquen su trabajo identificando a cuantas más personas mejor. El principio esencial en democracia de las policías, por el respeto a los derechos civiles, es el de mínima intervención (cuando te reclaman asistencia, presencias algún hecho o te envía la emisora), pero aquí se prima el de máxima intervención, injerencia y abuso de ley vulnerando los derechos de la gente con continuas identificaciones sin razón legal que las justifique.

La prostitución

Tampoco he leído nada sobre la regulación de la prostitución, dando seguridad y protección a quienes libremente quieran ejercerla y persiguiendo a los proxenetas que las explotan. La prostitución solo es admisible por la libertad que cada persona tiene para usar su cuerpo como quiera, y hay que acabar con la situación actual, que es la misma que viene existiendo desde hace siglos en nuestro país.

No se debe obstaculizar el trabajo de mujeres que voluntariamente o por necesidad económica deciden llevarlo a cabo, salvo que se les pueda garantizar la misma vida digna, el mismo nivel de renta para ellas y sus familias que ejerciendo esa profesión. Los discursos hipócritas morales sobre la vida de los demás deberían desterrarse de la política. Tú no ejerzas la prostitución porque es inmoral, pero si no puedes comer o te explotan en el trabajo eso ya no es problema de la moralina social imperante.

Consumo de drogas

Nada se dice sobre regular el consumo de drogas blandas, como el hachís, cuyo consumo no es delito pero existe una sanción administrativa si en uno de esos “filtros” ilegales te cachean (a los menores de 30 años, negros y personas de rasgos sudamericanos es muy posible que lo sufran) y llevas una “piedra” para consumo en tu domicilio, que es incautada y se levanta un Acta con la correspondiente sanción, que puede ser más que el salario de un mes si el joven tiene la suerte de tener un trabajo con el salario mínimo, cosa casi imposible en este país.

No importa que se lleve para consumir en el domicilio porque estamos ante una norma legal típica de un país como éste, donde puedes fumar droga en tu casa, luego alguien te la tiene que llevar o llevarla tú, pero que no te “pillen” con ella encima. Una norma de Rinconete y Cortadillo, como otras varias existentes en este país que parece tener más corruptos que baches en las carreteras.

Modelo y organización policial

Las fuerzas de seguridad precisan un replanteamiento global, todas, las de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, las autonómicas y las locales, definiendo territorios y funciones de cada una de ellas porque somos el segundo país de la UE con la tasa más alta de policías en relación con habitantes (solo superados por Italia), y hay amplias zonas rurales y pueblos donde no existe la más mínima seguridad.

La Guardia Civil, el cuerpo encargado por ley de hacerlo, se ha ido desplazando a las ciudades y organizando brigadas de investigación, abandonando a su suerte amplias zonas de territorio habitadas de nuestro país. Sólo hay que analizar las estadísticas para ver la ratio de delitos/habitantes en zonas rurales, el crecimiento del mismo desde hace años, que hay zonas donde tras una llamada de una víctima se demora la llegada policial en auxilio del ciudadano durante horas y que hay muchos cuarteles que permanecen cerrados los fines de semana y durante las noches. Y manipulación estadística aparte, que es brutal en ambos Cuerpos de seguridad, incluso poniendo trabas a las víctimas para que no puedan formular denuncias de hurtos en sus fincas, batería de coche, efectos del interior de los mismos, etc.

Tras poner orden en ese caos que hace que haya territorios donde compitan hasta cuatro cuerpos de policía distintos en el mismo asunto y otros donde no hay ninguno, procedería organizar los cuerpos pivotando sobre el servicio público, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, y no con criterios de disputas de poder entre Cuerpos, con méritos, medallas y dinero para sus mandos, en conflicto permanente para asumir cada día más competencias y territorios donde habitan más ciudadanos o hay destinos muy bien pagados, mientras otros ciudadanos, con el mismo derecho, son robados impune y habitualmente por no residir en una gran ciudad.

Las policías locales deberían centrarse en el cumplimiento de las normas municipales, regulación del tráfico y policía de proximidad; las autonómicas, en las competencias de su comunidad y allí donde ya están cedidas las competencias, en seguridad ciudadana, y una ley debería regular aquellos supuestos en los que, por afectar los delitos a un ámbito territorial superior, las investigaciones deben traspasarse al cuerpo de seguridad del Estado competente. Así se obtendría más eficacia y un considerable ahorro, porque sobra con los efectivos actuales para aplicar una correcta política de seguridad pública muy eficaz.

El primer y principal problema a resolver en materia de descoordinación existe entre la Policía y la Guardia Civil, y no parece que tenga visos de resolverse. Se cuidan mucho de que no trasciendan los continuos enfrentamientos que perjudican la eficacia del servicio pero son muy habituales.

Alguien debería levantar la cabeza de esa disputa y plantear cómo se garantizan mejor los derechos de la ciudadanía, creando secciones de “policía social” en todas las plantillas para que combatan la esclavitud y explotación laboral (que la hay en este país); incrementar las unidades de “policía económica”, con policías o inspectores de Hacienda para combatir la evasión fiscal, o la “policía medioambiental”; y también sería muy necesaria una comisaría general que coordine las tareas contra la violencia de género, el terrorismo machista, porque no parece razonable que de cada millón de denuncias que se presentan más de 700.000 sean archivadas, dejando en evidencia un grave fallo del sistema en su origen. O hay ese número de denuncias falsas sin reproche alguno o hay ese número de terroristas domésticos que quedan impunes. Y por mucho que se falsifiquen las estadísticas y solo se computen sobre los sumarios instruidos y no sobre las denuncias presentadas la manipulación oculta el problema a la opinión pública pero no lo resuelve.

Hay que crear muchos más juzgados, garantizar la independencia de los jueces y poner a su disposición unidades de Policía Judicial que no puedan ser coartadas en su investigación por el mando político del que depende el ascenso y carrera profesional del policía.

Es imprescindible elaborar una verdadera norma de protección de testigos para que los denunciantes de prácticas corruptas no tengan que ser héroes y exponerse a ser condenados a una vida sin futuro si cumplen con su deber cívico denunciando los casos de corrupción que conozcan.

Faltaría llevar a cabo los cambios necesarios en la Guardia Civil, que puede seguir siendo militar y dedicarse a funciones militares de defensa operativa del territorio, zonas rurales y policía fronteriza, para lo que precisaría menos de la mitad de los efectivos actuales, que serían voluntarios, y unir en un Cuerpo de Policía del Estado civil a esos muchos guardias civiles que quieren ser policías, para lo que tienen la mejor formación, y no soldados. El ahorro económico que ello supondría solo sería superado por la mejora de la eficacia y seguridad para la ciudadanía.

Formación para policías en democracia

La formación técnico-profesional de policías, guardias civiles, policías autonómicas y policías locales de grandes ciudades es buena, pero adolecemos de formación humanística y de valores, de principios éticos, que deberían suponer organizar y programar un intenso y largo reciclaje para que los policías tengan claro cuál es su trabajo en democracia.

Sólo hace falta darse una vuelta por las redes sociales para comprender la desviación mental que habita en muchos de ellos, corporativos por encima del cumplimiento de la ley y del respeto a los derechos de la ciudadanía, entendiendo como algo propio de un policía proteger y ayudar a un compañero o mirar para otro lado aunque se estén cometiendo terribles delitos.

Hay que inculcarles que un policía sirve al Estado de su país ya sea su estructura política Monarquía o República, con la misma lealtad al PP que a Podemos, según lo que decida la ciudadanía, y que deben respetar los derechos humanos, la seguridad y proteger la integridad física y moral hasta del peor asesino que esté bajo su custodia, debiendo además hacer cumplir estos principios esenciales de la práctica policial a cualquier compañero que actúe como un mal profesional, que son más de los que nos gustaría.

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